Instrumento pedagógico, formativo y orientador que regula la vida escolar desde un enfoque de derechos humanos, justicia restaurativa y corresponsabilidad educativa.
La Escuela Normal Superior, en coherencia con su misión formadora de maestros y ciudadanos éticos, presenta el Manual de Convivencia como un instrumento pedagógico, formativo y orientador. No se concibe como un reglamento sancionatorio, sino como una herramienta destinada a fortalecer la convivencia pacífica, el respeto por la dignidad humana, la participación democrática y la construcción de ambientes protectores.
Su elaboración y actualización se fundamentan en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que orientan a garantizar el ejercicio pleno de los derechos, el debido proceso y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Reconoce la corresponsabilidad entre estudiantes, familias, docentes, directivos y personal administrativo, entendiendo la convivencia escolar como una construcción colectiva que exige coherencia entre normas, prácticas pedagógicas y relaciones humanas basadas en el respeto, la inclusión y la equidad.
La atención de las situaciones que afectan la convivencia se orienta desde una Ruta de Atención Integral que prioriza la prevención, la intervención pedagógica oportuna, la reparación del daño y el acompañamiento continuo, garantizando siempre el debido proceso y la protección de los derechos de todas las personas involucradas.
El Manual incorpora la caracterización pedagógica de las tipologías de agresión que pueden presentarse en el contexto escolar: físicas, verbales, psicológicas, simbólicas, relacionales, sexuales, discriminatorias, digitales, patrimoniales, institucionales y reiteradas. No se presentan como un catálogo sancionatorio, sino como un criterio orientador para la comprensión, prevención y atención integral de las situaciones que afectan la convivencia. Esta caracterización permite una lectura clara, pedagógica y garantista de los conflictos escolares, facilita la activación adecuada de la Ruta de Atención Integral y fortalece los procesos formativos propios de una institución dedicada a la formación de maestros.
La convivencia no se asume solo como un asunto normativo, sino como un proceso pedagógico permanente de promoción, prevención y formación integral, articulado con el PEI, el modelo pedagógico y la Ruta de Atención Integral.
Se prioriza la educación para la convivencia, el desarrollo de competencias socioemocionales, la formación ética y ciudadana, y la resolución pacífica de los conflictos.
Acciones pedagógicas orientadas al reconocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos, la convivencia democrática, el respeto por la diversidad y la educación integral para la sexualidad, conforme a los lineamientos del MEN.
Trabajo articulado de docentes, directores de grupo, coordinadores, equipo de bienestar y Comité de Convivencia Escolar, fortaleciendo autoestima, autorregulación, empatía y proyectos de vida.
Participación activa en los órganos del Gobierno Escolar, liderazgo positivo, mediación escolar y ejercicio responsable de la representación estudiantil.
Espacios de orientación, diálogo y formación —escuela de padres, encuentros pedagógicos y acompañamiento individual— que fortalecen la corresponsabilidad educativa.
El diálogo, la mediación, la reflexión, la reparación del daño y la reconstrucción de las relaciones se priorizan antes que las medidas de carácter punitivo.
Actualización y reflexión permanente en convivencia escolar, enfoque restaurativo, inclusión, prevención de violencias y ética profesional.
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Escuela Normal Superior, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por la Constitución Política, la Ley General de Educación y las normas que regulan el Gobierno Escolar, considera:
Adóptese el Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Juan del Cesar, actualizado al año 2026, el cual hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional – PEI y será de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes de educación básica, media y del Programa de Formación Complementaria, docentes, directivos docentes, padres de familia, personal administrativo y de servicios generales.
Se fundamenta en un enfoque pedagógico, preventivo y restaurativo, orientado a la formación integral, la convivencia pacífica, la garantía de los derechos humanos y el desarrollo de competencias ciudadanas, privilegiando el diálogo, la mediación, la corresponsabilidad y la reparación del daño.
El presente Manual se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Marco normativo principal:
De conformidad con los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, el Manual hace parte integral del PEI y constituye un instrumento pedagógico, orientador y formativo. Ha sido construido de manera participativa y colectiva, y deberá ser conocido, asumido, respetado y aplicado por todos los miembros de la comunidad educativa como un compromiso ético y formativo.
La Institución Educativa Normal Superior de San Juan del Cesar, como entidad oficial de servicio a la comunidad, tiene como fin primordial la formación de Normalistas Superiores para la enseñanza en el preescolar y la educación básica primaria, en la cual el futuro maestro debe demostrar actitudes, aptitudes e intereses propios para el ejercicio de la profesión.
Son símbolos y distintivos de la institución la bandera, el escudo, el himno institucional, el uniforme y el carné.
Formada por tres franjas iguales: azul cielo, blanco y azul oscuro. Las franjas iguales simbolizan la armonía y el equilibrio; el azul cielo recuerda la grandeza de Dios; el blanco simboliza la paz y la convivencia por la que propende la institución; el azul oscuro simboliza la inmensidad de los mares de nuestra Guajira.
Contiene los símbolos característicos de la institución: un libro abierto en señal del reto permanente por el estudio, la consulta y la lectura; en la página derecha las palabras ciencia, pedagogía y virtud; en la página izquierda, una antorcha encendida que simboliza la luz del conocimiento que ha de iluminar a la humanidad.
Coro
Oh Normal Sanjuanera que siembras con firmeza
en la tierra natal el tesoro de luz
que alimenta con albores de un pueblo triunfal
Normalista luchad y adelante
con fervor entusiasmo y afán
el amor al trabajo constante
conquistados laureles traerán.
I
Una hermosa mañana de mayo
comenzó tu grandiosa labor
como el néctar del suelo se esparce
cuando el campo se viste de flor.
II
Con amor y constantes anhelos
juventud es preciso avanzar
y el gestar del ayer en ti brille
como brilla un lucero en la mar.
Coro
Oh Normal Sanjuanera que siembras…
Documento que debe portar el educando desde el momento de la matrícula o su renovación. Los estudiantes deben portarlo responsablemente en lugar visible del uniforme.
Identifica al estudiante y le da sentido de pertenencia. Las telas, materiales y confección podrán ser adquiridos o elaborados libremente por las familias, siempre que cumplan con las características, colores y especificaciones generales definidas por la institución.
Vestuario de color azul neutro que identifica y diferencia al estudiantado de otras instituciones y lo preserva de discriminación por diferencias socioeconómicas y de moda. Está conformado por camisa y pantalón largo de textura suave, de fibra natural. La camisa lleva grabado al lado izquierdo, a la altura del pecho, el escudo de la institución, y en la manga izquierda el logotipo que identifica al PFC. El color azul representa disciplina, confianza, bienestar emocional y sabiduría.
Los estudiantes de undécimo grado y del PFC se graduarán con toga y birrete color azul en gama institucional, con estola color dorado en V —al lado derecho las iniciales institucionales y al lado izquierdo el escudo de la institución—, con zapatos negros colegiales, medias blancas para las niñas y medias azul turquí para los niños.
Desde preescolar hasta undécimo grado: sudadera azul celeste con dos franjas blancas laterales hasta media pierna según modelo, medias deportivas blancas y zapatos deportivos blancos colegiales sin ningún otro color.
La Institución Educativa Normal Superior de San Juan del Cesar, La Guajira, es una institución educativa de carácter oficial que apoya y promueve la misión educativa formando bachilleres y Normalistas Superiores de preescolar y básica primaria al más alto nivel, competentes para cumplir su misión en la sociedad.
Nuestros estudiantes son el recurso más importante y se crea un ambiente educativo que produce responsabilidad, compromiso, integración y motivación, para el buen desempeño dentro de la sociedad, el cumplimiento de las normas establecidas y el desarrollo de los más altos potenciales para la investigación. La Escuela Normal Superior comprende y practica la democracia participativa como elemento de crecimiento personal y colectivo, mirando siempre la sociedad pluricultural y la biodiversidad. Es una institución flexible que responde a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad para formar la autonomía individual.
La Institución Educativa Escuela Normal Superior forma integralmente a bachilleres y a Normalistas Superiores que sean autónomos, críticos, con y en valores, con idoneidad ética y profesional, que reconozcan y valoren la diversidad, con respeto por las diferencias individuales, afrontando los retos que presenta la sociedad actual.
En el 2027 seremos la mejor institución formadora de bachilleres y Normalistas Superiores en la región, con los más altos niveles de excelencia y competencias para afrontar necesidades educativas y sociales que transformen la sociedad a través de la participación comprometida. Así mismo, focalizada por el MEN, ofrecerá una oferta educativa Bilingüe/Bicultural a la población con discapacidad auditiva, con alta calidad, en el sur del Departamento de la Guajira.
La diversidad es inherente a la condición humana y se reconoce como valor formativo. La institución garantiza ambientes incluyentes, libres de discriminación, con enfoque diferencial y de derechos.
El respeto por la dignidad humana y la tolerancia frente a las diferencias constituyen pilares de la convivencia pacífica, el diálogo y la resolución constructiva de los conflictos.
La formación promueve la crítica, la reflexión y el análisis como expresiones de la inteligencia humana, favoreciendo el pensamiento autónomo, ético y responsable.
El estudiante es reconocido como sujeto de derechos, con necesidades, capacidades y ritmos de aprendizaje diversos, promoviendo su desarrollo integral y proyecto de vida.
La educación es un derecho fundamental y un bien público que debe garantizarse con equidad, calidad y permanencia, en concordancia con el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Articula dimensiones cognitivas, éticas, sociales, emocionales, comunicativas y ciudadanas, preparando a los estudiantes para la vida personal, social y profesional.
Como Escuela Normal Superior, orienta su acción formativa hacia la preparación de educadores críticos, reflexivos y comprometidos con las necesidades del contexto.
Promovidas como medios para mejorar la calidad educativa y responder a los retos de la sociedad contemporánea y de los entornos digitales.
La participación activa de la comunidad educativa fortalece la democracia escolar, el liderazgo y la construcción colectiva de una convivencia pacífica y formativa.
Prevención y manejo pedagógico de los conflictos mediante el diálogo, la mediación, la reparación del daño y la reconciliación.
Los valores institucionales para la convivencia se concretan en principios restaurativos que orientan las actuaciones pedagógicas, preventivas y formativas de la comunidad educativa y, de manera especial, las decisiones y recomendaciones del Comité Escolar de Convivencia. Estos principios buscan:
Toda situación de conflicto se abordará priorizando el diálogo, la mediación y la reconstrucción de relaciones, evitando prácticas punitivas que profundicen la ruptura del tejido escolar.
Las actuaciones protegerán la dignidad del estudiante, evitando señalamientos, humillaciones o estigmatización, y promoviendo procesos de reflexión que fortalezcan su autoconcepto y proyecto de vida.
Las diferencias individuales, culturales, sociales y de pensamiento serán reconocidas como oportunidades formativas, nunca como justificación para la exclusión, discriminación o violencia.
La convivencia es una construcción colectiva; la solución de los conflictos implica el compromiso activo de quienes participan directa o indirectamente en la situación.
Toda intervención garantizará un trato respetuoso hacia las personas involucradas, sus familias y la comunidad, así como el cuidado de los bienes institucionales y del entorno.
Los procesos restaurativos se fundamentarán en el reconocimiento honesto de los hechos, la responsabilidad frente a las acciones y la disposición a reparar el daño causado.
El estudiante será acompañado para comprender el impacto de sus acciones y asumir compromisos de reparación, aprendizaje y cambio de conducta.
Se promoverán prácticas que valoren los gestos de reparación, el esfuerzo por cambiar y las contribuciones positivas de los miembros de la comunidad educativa.
Las decisiones tendrán en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, garantizando igualdad de trato, enfoque diferencial y proporcionalidad pedagógica.
Las actuaciones buscarán que quien haya afectado a otro comprenda las consecuencias emocionales, sociales y comunitarias de su conducta, favoreciendo la reparación y la reconciliación.
Es un egresado con formación integral, ética y pedagógica, que se caracteriza por el desarrollo de competencias personales, sociales, académicas y ciudadanas, acordes con la misión de la Escuela Normal Superior y los requerimientos del contexto social y educativo contemporáneo. Estará en capacidad de:
Es un educador en formación inicial con sólida preparación pedagógica, ética y social, capaz de comprender, intervenir y transformar los procesos educativos, en coherencia con los principios de la educación inclusiva, el enfoque de derechos, la convivencia escolar y las necesidades del contexto sociocultural. Estará en capacidad de:
Es un profesional de la educación con formación integral, ética, pedagógica y social, que actúa como mediador del aprendizaje, orientador de la convivencia y garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se caracteriza por:
Para el desarrollo de sus actividades académicas, la Institución adopta el calendario A y el año lectivo se divide en cuatro periodos desde preescolar hasta el grado undécimo. El Programa de Formación Complementaria – PFC desarrolla sus actividades por semestre.
| Sede / Nivel | Jornada |
|---|---|
| Sede Nectalina Daza de Annichiarico (Preescolar) | 7:00 a.m. – 12:00 m. |
| Sede Nectalina Daza de Annichiarico (Básica Primaria) | 7:00 a.m. – 12:00 m. |
| Sede Rafael Lacouture (Básica Primaria) | 7:00 a.m. – 12:00 m. |
| Sede Principal (Básica Secundaria) | 6:30 a.m. – 12:30 p.m. |
| Sede Principal (Media) | 6:30 a.m. – 2:30 p.m. |
| Programa de Formación Complementaria | 6:30 a.m. – 12:30 p.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m. |
Promover una convivencia escolar pacífica, democrática e incluyente, mediante la formación integral de los miembros de la comunidad educativa, el ejercicio responsable de los derechos y deberes, la prevención y atención pedagógica de los conflictos y la aplicación de un enfoque restaurativo, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y la normatividad vigente.
| Servicio | Horario |
|---|---|
| Psicoorientación y Trabajo Social | 6:30 a.m. – 12:30 p.m. |
| Tienda Escolar – Sede Nectalina Daza de Annichiarico | 9:40 a.m. – 10:10 a.m. |
| Tienda Escolar – Sede Principal Secundaria y PFC | 10:10 a.m. – 10:50 a.m. |
| Tienda Escolar – Sede Rafael Lacouture | 10:00 a.m. – 10:30 a.m. |
| Biblioteca | 6:30 a.m. – 12:30 p.m. y 3:00 p.m. – 5:00 p.m. |
| Restaurante Escolar (Básica Primaria) | 9:40 a.m. – 10:10 a.m. y 12:30 p.m. – 1:30 p.m. |
| Secretaría | 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y 3:00 p.m. – 5:00 p.m. |
| Pagaduría | 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y 3:00 p.m. – 5:00 p.m. |
Con el fin de garantizar una comunicación clara, oportuna, respetuosa y eficaz entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, la institución dispone de los siguientes mecanismos:
Son las facultades, libertades y garantías reconocidas a los estudiantes para su desarrollo integral, en el marco de la Constitución, la ley y las normas institucionales, las cuales deben ejercerse con responsabilidad y respeto por los derechos de los demás.
Son compromisos formativos y responsabilidades que orientan el comportamiento del estudiante en coherencia con los valores institucionales, la convivencia pacífica y el ejercicio responsable de los derechos.
La puntualidad constituye un compromiso formativo y una expresión concreta de responsabilidad, respeto por la comunidad educativa y valoración del proceso pedagógico. Se entiende por llegada tardía el ingreso del estudiante a la institución o al aula después de la hora oficial de inicio de la jornada escolar establecida en el artículo 4.
La llegada tardía injustificada constituye un incumplimiento leve de deber escolar y será abordada como Situación Tipo I, conforme a la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. En ningún caso dará lugar a medidas punitivas, excluyentes o contrarias al derecho a la educación.
Cuando se identifiquen factores familiares, sociales, económicos o de transporte que incidan en la impuntualidad, la institución priorizará el acompañamiento y la orientación antes que cualquier medida correctiva. La institución garantizará el ingreso del estudiante aun cuando llegue tarde, procurando siempre su protección integral. Bajo ninguna circunstancia el estudiante será dejado fuera del plantel sin supervisión institucional.
El estudiante deberá presentar justificación escrita por parte del acudiente, dentro de los términos establecidos por la institución. La justificación será valorada en el marco del análisis pedagógico, sin que ello implique la eliminación del registro correspondiente.
El porte y uso de dispositivos electrónicos personales —teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas u otros similares— será regulado por la institución como parte de su autonomía escolar y en función de la formación integral, la convivencia armónica y el adecuado desarrollo de los procesos pedagógicos.
Durante las actividades académicas, formativas, evaluativas y actos institucionales, el uso de dispositivos electrónicos estará prohibido, salvo cuando el docente lo autorice con fines pedagógicos.
El porte, uso indebido, pérdida, daño o conflicto derivado de dispositivos electrónicos u objetos personales, cuando afecte la convivencia, el derecho a la intimidad, la honra, el buen nombre o el normal desarrollo de las actividades escolares, dará lugar a la aplicación del debido proceso y será abordado desde un enfoque pedagógico, formativo y restaurativo. Algunas medidas pedagógicas pueden ser:
En ningún caso estas situaciones implicarán responsabilidad patrimonial de la institución sobre los objetos personales del estudiante, salvo que se demuestre, mediante el debido proceso, una conducta dolosa o gravemente negligente atribuible a un miembro de la institución educativa.
Cuando el uso de dichos elementos interfiera con el desarrollo de las actividades académicas, afecte la convivencia escolar o contravenga las disposiciones institucionales, la institución podrá proceder al retiro pedagógico temporal del objeto, como medida preventiva y formativa. El retiro pedagógico temporal:
La institución garantizará la custodia responsable del elemento retirado y dejará constancia escrita del estado del objeto. La devolución se realizará al acudiente, cuando así lo determine la institución, o al estudiante, cuando se trate de una primera actuación pedagógica y no exista reiteración. En ningún caso el elemento será retenido de manera permanente.
Cuando el uso indebido del elemento tecnológico se encuentre asociado a una Situación Tipo I o Tipo II, el hecho será tramitado conforme al Manual de Convivencia y, de ser necesario, remitido al Comité Escolar de Convivencia, sin que el retiro temporal del objeto sustituya los procedimientos correspondientes.
Durante el retiro pedagógico temporal se garantizarán la dignidad del estudiante, el respeto por sus derechos y la reserva de la información, evitando señalamientos, humillaciones o prácticas que afecten su integridad.
En caso de que el estudiante se niegue a entregar voluntariamente el dispositivo electrónico objeto de retiro pedagógico temporal, la institución no hará uso de la fuerza ni de mecanismos de coacción física para obtener el bien. La negativa será registrada como una situación de convivencia y se dará inicio al procedimiento pedagógico correspondiente, garantizando el debido proceso, el respeto por la dignidad del estudiante y la protección de sus derechos. La negativa no cancela la medida pedagógica, sino que suspende el retiro material del objeto. En ningún caso será interpretada como causal para el uso de la fuerza, la humillación, el señalamiento público o la imposición de medidas punitivas o excluyentes.
En concordancia con la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013, la Ley 2170 de 2021 y las orientaciones del MEN para la consolidación de Entornos Seguros de Aprendizaje mediados por TIC, la institución reconoce el uso de las tecnologías digitales como una oportunidad pedagógica para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje, participación y formación ciudadana.
La integración de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial en los procesos educativos deberá realizarse en condiciones informadas, éticas, responsables y seguras, garantizando la protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Las tecnologías, los recursos digitales y las herramientas de IA podrán ser utilizados como apoyo al aprendizaje, la investigación y la innovación pedagógica, siempre bajo la orientación del docente y en coherencia con el PEI.
Se promoverán competencias para el uso crítico, ético y responsable de los entornos digitales, el respeto por los derechos de los demás, la protección de la información personal y la participación responsable en redes.
Acciones pedagógicas para la prevención, identificación y atención de riesgos como el ciberacoso, la difusión no autorizada de información personal, el sexting, el grooming u otras situaciones que afecten la integridad o dignidad.
Las herramientas de inteligencia artificial podrán utilizarse con fines educativos, investigativos o pedagógicos, respetando la honestidad académica, la autoría intelectual, el pensamiento crítico y la responsabilidad ética. No podrán sustituir el proceso formativo ni emplearse para fraude académico.
La construcción de entornos digitales seguros es responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes, directivos y familias. Se promoverán procesos de orientación, sensibilización y formación para toda la comunidad educativa.
En concordancia con la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013, el Decreto 1421 de 2017 y demás normas concordantes, la institución reconoce y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
El Gobierno Escolar es el conjunto de instancias de participación democrática establecidas por la legislación educativa colombiana y por la institución, orientadas a garantizar que las dinámicas pedagógicas, formativas y convivenciales se desarrollen en un marco dialógico, participativo, incluyente y restaurativo.
Su conformación, funciones y competencias se regirán por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y las normas que los modifiquen o sustituyan.
Estos órganos contribuyen a la formación ciudadana, al fortalecimiento de la convivencia escolar y al desarrollo integral de los estudiantes.
De conformidad con el artículo 94 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, la institución contará con un Personero o Personera Estudiantil, elegido democráticamente por los estudiantes para un período de un (1) año lectivo.
Deberá ser estudiante matriculado y con asistencia regular en el grado once (11º), por ser el último grado correspondiente a la educación media ofrecida por la institución, y ejercerá su liderazgo como garante de los derechos y deberes de los estudiantes, promotor de la convivencia escolar, la participación y la cultura democrática.
El Personero Estudiantil será elegido mediante voto secreto y directo de los estudiantes matriculados, por mayoría simple, para un período de un año lectivo.
El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado de representación estudiantil y garantiza el ejercicio permanente de la participación democrática de los educandos.
Estará integrado por un representante de cada grado de básica primaria (3º a 5º), básica secundaria (6º a 9º), media (10º y 11º) y del Programa de Formación Complementaria, según la organización académica de la Escuela Normal.
El Contralor Estudiantil es el estudiante elegido democráticamente para ejercer funciones de control social pedagógico, orientadas a la transparencia, el cuidado de los bienes públicos y la formación ciudadana. Será estudiante de los dos últimos grados ofrecidos por la institución y actuará conforme a los lineamientos de la Contraloría Departamental de La Guajira.
Son requisitos para ser elegido como integrante del Gobierno Escolar (Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil, Consejo Estudiantil y Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo):
Los monitores son estudiantes que se destacan por su compromiso académico, actitud colaborativa y liderazgo positivo. Su función principal es apoyar los procesos pedagógicos, formativos y de convivencia, en articulación con los docentes y directivos docentes, sin asumir funciones disciplinarias ni sancionatorias.
Apoyan procesos académicos y pedagógicos. Funciones:
Promueven el diálogo, el respeto, la mediación pedagógica y la cultura del buen trato. Funciones:
Fomentan prácticas de cuidado del entorno y sostenibilidad institucional. Funciones:
El Rector es la primera autoridad académica y administrativa de la Institución Educativa, representante legal del establecimiento ante las autoridades administrativas y judiciales, y garante del cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Gobierno Escolar, en concordancia con la Constitución, la ley y el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Los Coordinadores son directivos docentes encargados de apoyar la gestión directiva, liderar los procesos académicos y de convivencia, y coordinar la implementación de planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con la Rectoría y los órganos del Gobierno Escolar.
El Director de Grupo es el docente responsable del acompañamiento integral, académico y socioemocional de los estudiantes de un grupo, actuando como mediador pedagógico entre la institución, la familia y el estudiante. Son sus funciones:
El Consejo Académico es la instancia superior de orientación pedagógica de la institución. Está integrado por el Rector, los Coordinadores y representantes docentes por áreas y sedes.
El Comité de Convivencia Escolar es la instancia responsable de prevenir, analizar, orientar y hacer seguimiento a las situaciones que afecten la convivencia escolar, de conformidad con la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013.
El Consejo Directivo es el máximo órgano de orientación y decisión institucional que, en el marco del Manual de Convivencia y de la Ruta de Atención Integral, actúa como instancia de garantía, revisión y decisión en las situaciones que afectan la convivencia escolar, en coherencia con el carácter pedagógico, formativo y ético de la Escuela Normal.
El Consejo Directivo se conforma de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), como instancia del Gobierno Escolar.
El Sistema Institucional de Desarrollo Socioemocional (SIDSE) constituye un componente estructural del Sistema Institucional de Convivencia Escolar de la Escuela Normal Superior de San Juan del Cesar, orientado a fortalecer de manera progresiva y transversal las competencias socioemocionales de los miembros de la comunidad educativa, en coherencia con la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013 y el enfoque pedagógico normalista.
El SIDSE tiene como finalidad promover la autorregulación, la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones responsables, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de proyectos de vida, como fundamentos esenciales de la formación integral y del ejercicio ético de la futura profesión docente.
Este Sistema se desarrollará mediante documento técnico independiente adoptado por el Consejo Directivo, el cual define su estructura, objetivos, estrategias, indicadores y mecanismos de evaluación, garantizando su articulación con el PEI, la Ruta de Atención Integral y las estrategias institucionales de promoción, prevención e intervención restaurativa previstas en el presente Manual.
Las acciones del SIDSE tendrán carácter pedagógico y preventivo, priorizando la formación antes que la sanción, y orientando las decisiones institucionales hacia la reparación del daño, la reflexión crítica y el fortalecimiento del tejido comunitario.
En cumplimiento de la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013 y la jurisprudencia constitucional vigente, la institución adopta un criterio de enunciación abierta y no taxativa para la descripción de las situaciones Tipo I, II y III que afectan la convivencia escolar.
Las situaciones descritas en el presente Manual tienen carácter orientador y enunciativo y no constituyen listas cerradas de conductas. Su clasificación se realizará atendiendo a la naturaleza del hecho, el nivel de afectación, el contexto, la reincidencia, las circunstancias atenuantes o agravantes y la aplicación de la Ruta de Atención Integral.
Este criterio busca garantizar el enfoque pedagógico, la proporcionalidad de las medidas, el debido proceso y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, evitando interpretaciones rígidas o sanciones automáticas.
Ningún miembro de la comunidad educativa podrá ser objeto de investigación, señalamiento, medida correctiva o acción restaurativa, sino por una situación previamente descrita en este Manual y mediante el procedimiento aquí establecido.
La actuación será adelantada únicamente por la autoridad escolar competente, según el caso, garantizando en todo momento:
Las actuaciones deberán quedar debidamente registradas por escrito, conforme a lo dispuesto en este Manual.
En todo procedimiento pedagógico, formativo, restaurativo o administrativo que se adelante en el marco del presente Manual, se garantizarán de manera plena y efectiva los principios del debido proceso, la presunción de buena fe, el derecho a la defensa, el principio de contradicción, la proporcionalidad pedagógica de las medidas y el respeto por la dignidad humana. Ninguna actuación podrá adelantarse sin la observancia de estas garantías.
Ningún miembro de la institución podrá ser objeto de más de una actuación disciplinaria o restaurativa por la misma situación, independientemente de la denominación que se le otorgue o de la autoridad que conozca inicialmente del caso. Este principio no impide la activación de rutas externas cuando así lo exijan la ley o los protocolos interinstitucionales vigentes.
Toda persona a quien se le atribuya una situación que afecte la convivencia escolar se presume inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante decisión motivada y adoptada conforme al procedimiento establecido en este Manual. Durante el trámite, toda duda razonable que no pueda ser despejada se resolverá a favor del estudiante o miembro de la comunidad educativa involucrado, en coherencia con el carácter pedagógico del proceso.
Durante todas las etapas del procedimiento, la persona involucrada tiene derecho a:
El proceso deberá adelantarse en un ambiente de respeto, confidencialidad y protección de la dignidad humana.
Las acciones pedagógicas, correctivas o restaurativas que se adopten deberán guardar proporcionalidad con la naturaleza, gravedad, intencionalidad y consecuencias de la situación presentada. Para su determinación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
En ningún caso las medidas adoptadas tendrán carácter retaliativo, humillante o excluyente del proceso educativo.
Se consideran situaciones aquellas conductas u omisiones realizadas por cualquier miembro de la comunidad educativa que:
Siempre que dichas conductas no se encuentren amparadas por causales de exclusión de responsabilidad previstas en este Manual o en la ley, darán lugar a la aplicación de acciones pedagógicas y restaurativas, conforme a su clasificación como situaciones Tipo I, II o III.
Se consideran Situaciones Tipo I aquellos conflictos manejados de manera inadecuada y las conductas ocasionales o esporádicas que afectan el clima escolar, la convivencia o el desarrollo de las actividades institucionales, sin generar daño físico ni afectar la salud de los miembros de la comunidad educativa.
Estas situaciones serán abordadas desde una perspectiva preventiva, pedagógica y restaurativa, priorizando el diálogo, la mediación y la formación para la convivencia.
De conformidad con el artículo 42 del Decreto 1965 de 2013, se aplicará el siguiente protocolo:
Las acciones se aplicarán de manera gradual y proporcional:
Se consideran Situaciones Tipo II aquellas conductas que constituyen agresión escolar, acoso escolar o ciberacoso, sin configurar delito, y que se presenten de forma reiterada o sistemática, o generen afectación física o emocional sin incapacidad médica.
El protocolo comprenderá como mínimo:
Se consideran Situaciones Tipo III aquellas conductas que constituyen presuntos delitos conforme a la legislación penal colombiana vigente, que afectan gravemente la convivencia escolar y los derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, y que exigen la activación inmediata de la Ruta de Atención Integral y la intervención de las autoridades competentes. La institución no determina responsabilidades penales, pero sí cumple su deber legal de protección, reporte y acompañamiento pedagógico.
Hechos que atenten contra la vida o la integridad física de miembros de la comunidad educativa o de terceros, ocurridos dentro del establecimiento, durante actividades institucionales o fuera de este cuando tengan relación directa con la convivencia escolar.
Daño intencional (con dolo) a bienes institucionales o a bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa. Hurto o apropiación indebida de bienes muebles, enseres, documentos o valores.
Portar, guardar, utilizar o facilitar armas de fuego, armas blancas, cortopunzantes, artefactos explosivos u otros objetos que representen un riesgo grave para la seguridad e integridad de las personas.
Cualquier forma de intimidación, coerción, amenaza o violencia que atente contra la libertad, integridad o formación sexual. Acoso sexual en cualquiera de sus manifestaciones. Cualquier conducta que configure presunto delito contra niños, niñas o adolescentes conforme al Código Penal y al Código de Infancia y Adolescencia.
Participación, promoción o colaboración en acciones violentas asociadas a grupos delincuenciales, pandillas juveniles u organizaciones al margen de la ley, cuando afecten directa o indirectamente la convivencia escolar.
Porte, consumo, distribución o tráfico de sustancias psicoactivas prohibidas dentro de la institución educativa o en actividades institucionales, conforme a la normatividad vigente.
Conductas reiteradas o de especial gravedad que vulneren de manera significativa la dignidad, el buen nombre, la honra o los derechos fundamentales de cualquier integrante de la comunidad educativa, cuando trasciendan el ámbito pedagógico y puedan configurar presunto delito.
Se activará de manera inmediata la Ruta de Atención Integral, garantizando:
Toda decisión que adopten las autoridades educativas en el marco del presente Manual deberá estar debidamente motivada y sustentada en elementos de información, evidencia o prueba obtenidos de manera regular, pertinente y oportuna, respetando el debido proceso escolar y el enfoque pedagógico-restaurativo. Las actuaciones adelantadas por la institución no tienen carácter penal ni judicial, y su finalidad es formativa, preventiva y restaurativa.
Contra las decisiones definitivas adoptadas por las autoridades educativas en el marco del presente Manual proceden los recursos de reposición y, cuando haya lugar, de apelación, como garantía del debido proceso escolar. Los recursos deberán interponerse y sustentarse por escrito, de manera respetuosa y motivada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.
Las Situaciones Tipo I, correspondientes a conflictos manejados inadecuadamente, incumplimientos leves de las normas de convivencia o conductas que no generan daño grave, serán atendidas mediante acciones pedagógicas inmediatas, preventivas y restaurativas, orientadas a la reflexión, el aprendizaje y la mejora del comportamiento.
Las Situaciones Tipo II son aquellas que afectan la convivencia escolar de manera reiterada o sistemática, generan daño físico o emocional sin incapacidad médica, y requieren una intervención institucional más estructurada.
El rector o rectora es la autoridad competente para adoptar las decisiones institucionales derivadas de Situaciones Tipo II, previa recomendación del Comité de Convivencia Escolar y garantizando el debido proceso.
Las Situaciones Tipo III son aquellas que presuntamente constituyen delitos, especialmente contra la libertad, integridad y formación sexual, u otros tipificados en la ley penal.
El Consejo Directivo, como máxima instancia de gobierno escolar, es el órgano competente para adoptar decisiones institucionales de carácter definitivo, incluida la cancelación de matrícula, únicamente cuando:
Estas decisiones tendrán carácter excepcional, pedagógico y protector, no punitivo.
El Programa de Formación Complementaria (PFC), en su condición de programa de formación inicial de educadores ofrecido por la Escuela Normal Superior, hace parte integral de la comunidad educativa y se rige por el presente Manual de Convivencia, en concordancia con la Constitución Política, la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y demás normas concordantes.
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los estudiantes, docentes y demás actores vinculados al PFC, atendiendo a su nivel de formación superior, grado de autonomía, responsabilidad ética y, en muchos casos, mayoría de edad, sin perjuicio del enfoque pedagógico, formativo y restaurativo que orienta el Manual.
Las situaciones que afecten la convivencia en el marco del PFC serán abordadas desde una respuesta pedagógica, restaurativa y formativa, orientada a la reflexión crítica, la responsabilidad profesional, la reparación del daño y la coherencia ética con el ejercicio docente.
En ningún caso las actuaciones derivadas de este capítulo tendrán carácter punitivo o sancionatorio, sino que estarán dirigidas a fortalecer el perfil del normalista superior como futuro educador y agente de transformación social.
Sin perjuicio de las situaciones Tipo I, II y III definidas en el presente Manual, se consideran situaciones propias del Programa de Formación Complementaria, cuando exista un nexo directo, claro y verificable con la vida escolar o el proceso formativo, las siguientes:
Estas situaciones serán valoradas pedagógicamente, atendiendo su gravedad, reiteración, impacto formativo y contexto.
La atención se realizará de manera gradual y pedagógica a través de las siguientes instancias, según la naturaleza del caso:
La activación de una instancia superior se realizará únicamente cuando las estrategias pedagógicas iniciales resulten insuficientes o cuando la gravedad de la situación lo justifique.
En el tratamiento de las situaciones relacionadas con el PFC se garantizará plenamente el debido proceso, la presunción de buena fe, el derecho a la defensa, el principio de contradicción, la proporcionalidad pedagógica de las medidas y el respeto por la dignidad humana.
Cuando el estudiante del PFC sea mayor de edad, las actuaciones se adelantarán de manera directa con él o ella, sin perjuicio de la comunicación a padres o acudientes cuando resulte pedagógicamente pertinente o legalmente necesario. Toda actuación deberá:
Las situaciones que ocurran fuera de la institución educativa solo serán objeto de intervención en el marco del presente Manual cuando exista un nexo directo, claro y verificable con la práctica pedagógica, el proceso formativo o la representación institucional de la Escuela Normal Superior. En estos casos, la actuación institucional se limitará a una respuesta pedagógica y formativa, sin invadir competencias de otras autoridades.
Cuando una situación relacionada con el PFC active otros protocolos institucionales o normativos, estos se aplicarán de manera armónica, garantizando siempre el debido proceso, los derechos fundamentales y el enfoque restaurativo que orienta el presente Manual.
La inscripción es el procedimiento mediante el cual la institución recibe la solicitud voluntaria de ingreso de un aspirante, con el fin de identificar condiciones generales, trayectoria escolar y necesidades de acompañamiento pedagógico, sin que ello constituya un mecanismo de exclusión, selección discriminatoria o prejuzgamiento académico o convivencial.
Para efectos de la inscripción se solicitarán, entre otros, los siguientes documentos:
La admisión es el acto mediante el cual la institución acoge formalmente a los estudiantes que solicitan voluntariamente su ingreso, garantizando el derecho fundamental a la educación, la no discriminación y el acceso en condiciones de equidad.
Son requisitos generales para la admisión de estudiantes nuevos y antiguos:
La matrícula es el acto formal mediante el cual el estudiante, su familia y la institución establecen un vínculo académico y convivencial, basado en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. Con la firma de la matrícula, el estudiante y sus padres, madres o acudientes:
La matrícula condicional es una medida institucional de carácter pedagógico y formativo mediante la cual la institución permite la continuidad del estudiante en el servicio educativo, bajo un proceso especial de acompañamiento y seguimiento académico y/o convivencial.
No constituye sanción disciplinaria ni implica prejuzgamiento del estudiante, y se adopta como resultado del análisis de su proceso formativo. Se formalizará mediante Acta de Matrícula Condicional y Compromiso Formativo, suscrita por el estudiante, el padre, madre o acudiente y la institución, estableciendo compromisos claros, razonables y verificables.
La evaluación y promoción de los estudiantes se regirá por lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), en armonía con los principios de flexibilidad, equidad, inclusión y enfoque diferencial.
Los estímulos son reconocimientos de carácter pedagógico, formativo y motivacional, otorgados a los estudiantes que se destaquen por su desempeño integral, compromiso institucional, liderazgo positivo, convivencia armónica, esfuerzo personal, superación y aportes significativos a la comunidad educativa. No constituyen derechos adquiridos ni generan privilegios académicos contrarios al Sistema Institucional de Evaluación, y se otorgarán conforme a criterios objetivos, transparentes e incluyentes.
Podrán otorgarse, entre otros, los siguientes estímulos:
La institución reconocerá y estimulará a los docentes que se destaquen por su compromiso pedagógico, innovación, investigación, liderazgo institucional, convivencia escolar y aportes a la comunidad educativa. Estos reconocimientos se registrarán en la hoja de vida docente y se otorgarán en armonía con la normatividad vigente, en especial la Ley 115 de 1994, el Decreto 2277 de 1979 y demás disposiciones aplicables.
Podrán otorgarse, entre otros, los siguientes estímulos:
La institución reconocerá y estimulará la participación activa, responsable y solidaria de los padres, madres y acudientes en la vida escolar, como expresión del principio de corresponsabilidad educativa.
Podrán otorgarse, entre otros, los siguientes estímulos:
El presente Manual de Convivencia rige a partir de su adopción, deroga las disposiciones que le sean contrarias y será objeto de revisión, actualización y ajuste periódico, conforme a los cambios normativos, contextuales y pedagógicos, garantizando la participación de la comunidad educativa.